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PROTECCIÓN DE DATOS IMPONE UNA MULTA DE 60.100 EUROS A ARESA

Una mujer, cuyas siglas responden a J. G. G., suscribió con Aresa una póliza de salud en 1996. Dicho contrato estuvo vigente hasta el 1 de mayo de 2003, fecha en que fue rescindido por impago de varios recibos. En noviembre, la clienta trató de hacer frente a las facturas pendientes, pero desde la aseguradora le comunicaron que esto no era posible. Por ese motivo, J. G. G. firmó una nueva póliza con efecto desde el 1 de marzo de 2004. Al contratar este nuevo seguro, la clienta rellenó un cuestionario donde negaba padecer varices. En 2005, la paciente solicitó una prueba ante una intervención quirúrgica para atender un problema de varices. Aresa se la denegó alegando que sufría la patología con anterioridad a la suscripción de la póliza. La entidad basó esta afirmación en un informe que requirió al médico de su cliente fechado el 30 de mayo de 2000. La AEPD reconoce que, en este caso, se produce una colisión de derechos: el de protección de datos especialmente sensibles, como un historial médico, y el derecho a que se comunique a un asegurador la ocurrencia de un siniestro. El organismo público finalmente estima que en esta ocasión "no ha quedado acreditado que el médico contara con el consentimiento de la denunciante para la cesión de sus datos personales". En su resolución, la AEPD impone a Aresa una multa de 60.101,27 euros por una infracción muy grave, y otra por el mismo importe y causa al doctor de la demandante. Las faltas muy graves suelen penarse con multas de entre 300.506 y 601.012 euros. En este caso, la agencia reconoce atenuantes como que "no ha existido intencionalidad en la comisión de la infracción, no hay reincidencia, y se solicitó el informe para evitar un perjuicio a la compañía, ya que la denunciante había dicho que no padecía insuficiencia venosa varices cuando sí la tenía".

El actual propietario de Aresa, el grupo Mutua Madrileña, reconoce haber recurrido la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional hace varios meses.

Si finalmente Aresa pierde el caso, la multa no recaería sobre la compañía que encabeza Ignacio Garralda, sino sobre sus anteriores propietarios, la familia Guerrero. Mutua pagó 352 millones de euros en diciembre de 2005 por la firma catalana de salud.