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LA UE NO PUEDE IMPONER QUE SEA LEGAL CORTAR INTERNET SIN ORDEN JUDICIAL

De esta forma, el máximo responsable de protección de datos de España respondía a la decisión acordada ayer por la Unión Europea, según la cual las autoridades administrativas de los Estados miembros pueden cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor. En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.

En el marco de la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que se celebra en Madrid, Rallo indicó durante una rueda de prensa que la AEPD "ni es ni deja de ser partidaria" de la medida aprobada por la UE, pero insistió en que "la búsqueda" de la conciliación entre los derechos de autor o los de privacidad se tienen que hacer "a través de la ley".

"En defecto de una ley, el marco legal español no habilita para medidas intrusivas", recordó Rallo. Además, indicó que la AEPD lleva tiempo pidiendo que se cree una ley "clara" para regular este tema, y abogó por que esta futura normativa sea "lo más proporcionada a los fines que se buscan" y "lo menos intrusiva posible".

Sobre las redes sociales

Por otro lado, preguntado por la negativa de algunas redes sociales a poner controles para que los menores no puedan acceder a ellas, indicó que las autoridades de protección de datos han mostrado en el congreso su "extrema preocupación" por este tema, y recordó a los responsables de Facebook y de otras redes sociales que, a su juicio, "siguen sin tomarse en serio sus obligaciones" con los menores, que los servicios de Internet que ofrecen "no son inamovibles".

En este sentido, Rallo indicó que la agencia está en conversaciones con las distintas redes sociales que tienen más presencia en España para que corrijan sus normas de acceso a menores, pero advirtió de que, si las redes sociales no ceden, la AEPD está facultada para imponer sanciones de entre 600 y 600.000 euros, e incluso, "la inmovilización de archivos", aunque afirmó que esta última medidas todavía "no está en las previsiones" de la agencia.

Respecto a Tuenti, con el que la AEPD llegó a un acuerdo de colaboración para limitar el acceso a menores, Rallo señaló que la agencia está "satisfecha" y subrayó que desde que se instaló este sistema de control, Tuenti ha "depurado o no admitido" a miles de menores de 14 años. Según recordó Rallo, la protección del menor en las redes sociales es "una demanda social y legal".

Acuerdo sobre estándares de privacidad

Por otro lado, las autoridades de protección de datos de 50 países han firmado en el marco del convenio la 'Resolución de Madrid', "un acuerdo de mínimos" que, según indicó Rallo, aunque no es vinculante, servirá de "base suficiente para elaborar un futuro convenio universal" que regule la protección de la intimidad de las personas y las empresas en todo el mundo, y en especial, en la Red.

De lo que se trata con la 'Resolución de Madrid' es llegar a un "acuerdo básico" que concilie la postura de los países europeos, más propensos a legislar para proteger la privacidad del individuo, con la de los países anglosajones, en donde es más habitual dejar esta cuestión en manos de códigos de autoregulación, según indicó Rallo.

Entre otras medidas, el acuerdo contempla que los estados incentivarán, a través de su derecho interno, procedimientos destinados a prevenir y detectar infracciones, un organismo que se encargue de velar por la protección del derecho de privacidad, así como la implementación de planes de contingencia que establezcan unas pautas de actuación en caso de que se verifique un incumplimiento de la legislación en este tema.

Por último, en el marco del congreso un grupo de 10 grandes empresas (Oracle, Walt Disney, Accenture, Microsoft, Google, Intel, Procter & Gamble, General Electric, IBM y Hewlett-Packard) firmaron una declaración en favor del respeto de la privacidad. Asimismo, un grupo de ONG suscribieron otra declaración, en la que afirman que apoyan un marco global de prácticas justas sobre la información.