Nuevos escenarios en Prevención de Blanqueo de Capitales en tiempos de crisis económica
La nueva situación económica creada por el Covid_19, ha dado lugar una serie de escenarios de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC). La crisis económica en las empresas y su necesidad de salir hacia delante da lugar a escenarios en los que la ética, los valores y principios dictados en los Códigos de Conducta pueden quedar comprometidos, ante actuaciones y movimientos de dinero para reflotar negocios y poder salir adelante.
Ahora y mas que nunca, las empresas deben estar atentas en sus flujos de negocio y búsqueda de financiación o de realización de operaciones comerciales enfocadas a dar aire a las cuentas, y por tanto hay que tener “in vigilando” los escenarios de riesgos en materia de PBC.
Las nuevas modalidades de estafa a través de ciberdelitos van emparejadas de la mano de delitos de blanqueo de capitales. Los escenarios de riesgos se multiplican: operaciones en criptomonedas, la identificación a distancia, estafas financieras a través de ONG que utiliza escenarios COVID como tapadera de operaciones fraudulentas mediante campañas de crowdfunding, uso de tecnología de inteligencia artificial para borrar la trazabilidad de operaciones, etc. escenarios que los responsables de compliance deben tener en cuenta en su labor de control y diligencia debida.
España dispone de un marco jurídico diverso a la hora de proteger las acciones de posible blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Código Penal a través del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, normativas sectoriales aplicables especialmente al sector financiero que incluyen obligadas comunicaciones al Banco de España y a la CNMV, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que dicta el camino para el control de las operaciones, mediante la adopción de políticas y procedimientos a adoptar por las empresas obligadas en el marco de su actividad.
En el transcurso del año 2021 España tiene que afrontar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta ley va a obligar a las empresas a establecer canales de denuncia como herramienta preventiva para la detección de hechos que puedan suponer escenarios de riesgo en materia de blanqueo. España todavía presenta estadísticas muy bajas en la presentación de denuncias en estos canales.
Asimismo, y dado el gran número de datos personales que se manejan a la hora de establecer las procedimientos que permitan a las empresas hacer un seguimiento y control de las operaciones con fines de PBC, el pasado 28 de abril de 2021 ha sido publicada en el BOE la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en la que se incluye un Artículo 32 bis, relativo a la protección de datos en el cumplimiento de la diligencia debida, por el cual los sujetos obligados por PBC deberán realizar una evaluación de impacto del tratamiento de datos personales que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en su Capítulo II de la citada norma.
Estas evaluaciones de impacto son una herramienta más a tener en cuenta en la medición de los riesgos. Velaran por que, sin perder la visión del objetivo de prevención, a la vez se utilicen sistemas de control que respeten los derechos fundamentales de privacidad de cualquiera que pueda realizar una actividad sujeta.
Los compliance officer, no deben pensar que esto es una regulación más de las múltiples a tener en cuenta, la PBC deben contemplarse como un riesgo con un gran impacto tanto financiero como reputacional en la empresa.
No solo las empresas deben proteger sus activos, detrás de todo este tipo de operaciones de fraude hay una gran deuda moral con la sociedad: trata de blancas, compra y venta de armas, apoyos a regímenes políticos totalitaristas. No se trata solo de cumplimiento para cubrir las obligaciones de las normas en el mercado, se trata de parar grandes atrocidades morales que se llevan a cabo con financiación ilegal.
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María Victoria López Carnevali
Asesor Jurídico. Auditor protección de datos. Consultor de Compliance Penal
