España y el indice de percepción de la corrupción
Ha sido publicado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 por la Organización de Transparencia Internacional (TI).
Este Índice se obtiene de la calificación con la que un grupo de expertos, valorando un gran número de países, miden la corrupción utilizando unas escalas de 0 (percepción de alto nivel) a 100 (percepción de bajo nivel), y siempre analizando la percepción de corrupción en el sector público.
Esta iniciativa permite medir, no sólo la percepción de los ciudadanos acerca del nivel de corrupción en sus países, sino la eficacia de las medidas, normas y directrices marcadas por cada Estado para la lucha contra la corrupción y el fraude en sus instituciones.
EL IPC mide los niveles de praxis de sobornos, desvío de fondos públicos, preponderancia de cargos públicos que utilizan su puesto en beneficio personal, medidas de las Instituciones públicas para prevenir el fraude, exceso de la burocratización de los procesos con el riesgo de fraude intermedio, diferentes formas de nepotismo, enjuiciamiento efectivo por los tribunales de funcionarios corruptos, protección legal de los denunciantes, manipulación de intereses privados para interferir en asuntos públicos y niveles de transparencia.
España, que con un 34/180 en el ranking global, desciende dos puestos con respecto al IPC del 2020. Pero quizá lo más relevante, considerando que nuestras empresas y negocios están mayoritariamente en Europa, es que se ha producido la misma bajada de dos puestos en el ranking europeo (14/27). Teniendo en cuenta que la puntuación media del ranking es de 43, España tiene trabajo por delante para acercarse al menos a niveles de valor medio.
Si bien los índices medidos corresponden al sector público, son perfectamente extrapolables a la actividad de las Pymes y grandes empresas del sector privado.
La impresión que ofrece este resultado es que nuestro país ha paralizado y ralentizado su lucha contra la corrupción. Las excusas de que estamos ante una crisis económica debido a la pandemia no pueden suponer un freno al impulso de la lucha contra el fraude en los negocios, a la exigencia y garantía de la transparencia en las operaciones, y, en definitiva a la defensa de las libertades y los derechos humanos.
Hay que pensar que una economía como la española, que ocupa el lugar 15 en el mundo, debería estar en unos niveles infinitamente superiores en el IPC. Nuestras empresas establecen relaciones constantes con el sector público y tienen que estar preparadas para superar todos los estándares que les permitan competir como licitadores en competencia con el mercado europeo.
Europa manda un mensaje y propone, por ejemplo, en el sector de la contratación los denominados Pactos de Integridad. Estos Pactos se articularían como Acuerdos entre los Organismos de contratación (los beneficiarios y promotores de los proyectos) y los licitadores, que comprendan pautas para abstenerse de prácticas corruptas encaminadas a una contratación pública transparente. Se propone igualmente el uso de monitores externos independientes que supervisen a todas las partes.
Estas medidas beneficiarían la transparencia en la rendición de cuentas en las políticas públicas, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y por ende en los negocios, y el fomento de cambios en las costumbres que permitan introducir protocolos, y normativas contra el fraude y la corrupción.
Se promueve desde la Organización Transparencia Internacional, con el objetivo de mejorar la prevención del fraude, el reforzamiento en los países de los organismos de supervisión y control, la realización de procesos de contratación abiertos, transparentes, íntegros. La existencia de políticas que defiendan los derechos humanos, los espacios públicos. Una información cercana, transparente, entendible y accesible a los ciudadanos.
España no puede dejar de hacer los deberes tanto en el sector público como en el privado. No podemos perder el ritmo de trabajo en materia de Compliance. A estas alturas todavía nos encontramos empresas que no comprenden que disponer de modelos de Compliance no es lo mismo que comprar un sistema o un software. La aplicación del Compliance, especialmente en su área penal, es una obligación, como en su momento lo fue la protección de datos o la prevención del blanqueo de capitales. Quedarse atrás en la implantación de políticas antifraude supone perder el tren de la confianza económica en nuestro país.
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María Victoria López Carnevali
Asesor Jurídico. Auditor protección de datos. Consultor de Compliance Penal
