La Lucha contra el Fraude en cifras y su repercusión en un Sistema de Compliance
En, 2022, en su reporte anual, la Oficina Antifraude Europea (OLAF) situaba a España como el cuarto país con más irregularidades en el uso de fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2017 y 2021.
En 2023, en su 34º Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el fraude 2022, la OLAF actualiza los datos relativos a las irregularidades detectadas en el manejo de sus fondos en los Estados miembros, revelándose un incremento.
Esta tendencia se produce a pesar de los esfuerzos de la UE en la lucha contra el fraude, impulsados el 5 de julio de 2017 con la Directiva (UE) 2017/1371 relativa a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF).
En 2022 se habían notificado un total de 12.455 irregularidades, por un importe de 1.770 millones de Euros, lo que supuso un ligero incremento respecto de las notificadas en 2021 (+ 7%), mientras que los importes de las sanciones han disminuido (-13%).
El número de irregularidades fraudulentas notificadas fue de 1.139 en 2022 (+2 % en comparación con 2021), que se ha mantenido más o menos estable en los últimos cinco años.
Los números han variado más, en parte debido a que un número limitado de casos individuales supusieron un alto impacto financiero, disminuyendo en 2022 a 300 millones de Euros (-62 % en comparación con 2021).
El número y el impacto financiero de las irregularidades no fraudulentas alcanzaron su punto máximo en 2022 con una tendencia constante al alza a lo largo de los cinco años, con 11.316 irregularidades (+8 % en comparación con 2021) por un importe de 1.470 millones de Euros (+17 %).
En el caso de España, en 2022, hubo 48 irregularidades notificadas como fraude y relacionadas con la gestión de los fondos de Desarrollo Rural y de la Política Agrícola Común (PAC) por un valor de 2.054.539 Euros. En cuanto a las irregularidades no fraudulentas (pero irregularidades, al fin y al cabo) se dieron 520 casos en relación a los fondos PAC (por un valor inicial de 17.515.350 euros) y 48 casos relacionados con fondos de cohesión y pesca (por un valor inicial de 4.120.167 Euros).
Estas cifras suponen un daño económico en cuanto a las sanciones que conllevan estas irregularidades, pero también reputacional para un Estado y las entidades que se vean implicadas.
La Fiscalía Europea, creada en 2021 con la función de investigar los delitos contra el presupuesto de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio, ha abierto 50 investigaciones en España habiéndose traducido en tres sentencias condenatorias por irregularidades en el uso de fondos europeo.
Entre los casos más mediáticos, el “Caso Mediador”, al quedar afectados los contratos del GAR-SI Sahel, un programa de colaboración con las fuerzas de seguridad de varios países africanos que administraba una fundación pública española, pero se financiaba con fondos de la UE.
Todo Mapa de Riesgos de una entidad que perciba o tenga previsto solicitar este tipo de ayudas ha de analizar pormenorizadamente este escenario de riesgo, estableciendo medidas de control que permitan gestionar de forma adecuada estos fondos tanto en su fase de solicitud a la Administración correspondiente que los gestione como en su uso y justificación final, evitando así cualquier tipo de irregularidad.
El fraude en el manejo de las ayudas europeas, y al fin y al cabo ayudas de cualquier origen estatal o europeo, supone un daño significativo a la sociedad en general, pues estas irregularidades suponen al fin y al cabo un desvío de fondos a fines ilícitos o no declarados en detrimento de terceros que le habrían dado un uso adecuado.
Por ello, la lucha contra la corrupción y el fraude se ha de ver como un beneficio directo para las Administraciones Públicas encargadas de su gestión y distribución y de las entidades beneficiarias, suponiendo un beneficio tanto económico individual (pues el beneficiario podría disfrutar de estas ayudas para su desarrollo y éxito empresarial) como colectivo, al estar destinados estos fondos al impulso de la economía tanto a nivel nacional como internacional.
Paloma Mendo Samitier
Consultor de Helas Consultores
