Compliance penal: el Tribunal Supremo rechaza la responsabilidad objetiva de las empresas
¿Qué ha pasado?
Órgano judicial: Tribunal Supremo.
Hecho: El Tribunal Supremo ha consolidado una nueva doctrina en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante las sentencias 768/2025, de 25 de septiembre, y 836/2025, de 14 de octubre, corrigiendo el criterio fijado provisionalmente en la STS 298/2024.
Conclusión clave: No cabe condena automática de la empresa por el delito cometido por una persona física; la culpabilidad corporativa exige acreditar un defecto estructural real en los sistemas de organización, supervisión y Compliance.
Doctrina fijada por el Tribunal Supremo
Las resoluciones recientes establecen con claridad que:
No basta la condena de la persona física para imputar penalmente a la persona jurídica.
La responsabilidad penal corporativa no es objetiva ni automática.
La imputación a la empresa es autónoma, basada en un “hecho propio” distinto del delito individual.
Incluso cuando el autor del delito es socio mayoritario o administrador único y actúa presuntamente en beneficio de la sociedad, no procede la condena si no se acredita un defecto organizativo imputable a la empresa.
Elementos determinantes de la responsabilidad penal corporativa
El Tribunal Supremo precisa que la condena de la persona jurídica solo es posible si concurren hechos probados que acrediten:
Ausencia total de programas de Compliance penal.
Ineficacia manifiesta de los modelos de prevención.
Elusión fraudulenta de los controles existentes.
Incumplimiento grave de los deberes de supervisión y vigilancia.
En ausencia de estos elementos, debe dictarse la absolución de la empresa.
Reparto de la carga de la prueba
Las sentencias de 2025 revierten el enfoque introducido en 2024 y refuerzan la presunción de inocencia:
Corresponde al Ministerio Fiscal probar el defecto estructural del modelo de organización.
La defensa no está obligada a demostrar activamente la existencia del Compliance para evitar la condena.
El simple silencio o ausencia de alegaciones sobre el programa de cumplimiento no legitima una condena.
Compliance penal como garantía procesal
La nueva doctrina refuerza el papel del Compliance penal como:
Mecanismo de prevención real y no meramente formal.
Elemento de protección jurídica de la empresa.
Garantía procesal frente a imputaciones automáticas.
Se consolida la idea de que solo la ausencia o ineficacia acreditada de los programas de Compliance puede fundamentar una condena penal.
Conclusión
El Tribunal Supremo cierra definitivamente la puerta a la responsabilidad penal objetiva de las personas jurídicas.
La culpabilidad corporativa exige prueba de un fallo estructural en los sistemas de control y prevención, no bastando la comisión del delito por un directivo o empleado.
Esta doctrina subraya la importancia de mantener programas de Compliance penal efectivos, documentados y operativos, así como una defensa procesal autónoma de la empresa, claramente diferenciada de la de la persona física imputada.
Fuente: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/compliance-penal-el-tribunal-supremo-rechaza-la-responsabilidad-objetiva/
