La AIPI refuerza los canales internos de información en la Administración General del Estado
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha publicado la Recomendación 3/2026, un documento que establece criterios específicos para el diseño e implantación de los Sistemas Internos de Información (SII) en la Administración General del Estado (AGE) y sus entidades instrumentales de Derecho Público. Esta nueva guía completa el marco iniciado por la Recomendación 1/2026 (carácter general) y la Recomendación 2/2026 (Administración Local), consolidando una referencia técnica de aplicación práctica para el cumplimiento de la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes.
¿Qué aporta la Recomendación 3/2026?
La AIPI centra esta recomendación en las particularidades del sector público estatal, donde conviven organismos con distintos regímenes jurídicos y estructuras organizativas complejas. Entre las principales cuestiones abordadas destacan:
Principales criterios interpretativos
La recomendación señala que, con carácter general, cada entidad obligada debe disponer de su propio Sistema Interno de Información, incluso cuando forme parte de un Ministerio u organismo superior. Asimismo, la AIPI muestra preferencia por la figura de un RSII colegiado y de perfil técnico, especialmente en organizaciones complejas, con el objetivo de reforzar su independencia funcional y evitar interferencias jerárquicas. Además, la Autoridad insiste en la necesidad de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, la trazabilidad de las actuaciones y la separación entre las funciones de investigación y el resto de mecanismos de control interno existentes en la organización.
¿A quién afecta?
Aunque la recomendación está dirigida principalmente a ministerios, organismos autónomos, agencias estatales y demás entidades del sector público estatal, sus criterios pueden convertirse en una referencia de buenas prácticas para el sector privado, especialmente para organizaciones que ya han implantado canales de denuncias conforme a la Ley 2/2023.
Impacto para las organizaciones
La publicación de esta recomendación coincide con la plena operatividad de la AIPI como autoridad supervisora. Por ello, las entidades públicas deberían revisar sus políticas, procedimientos y estructuras de gestión del canal interno para verificar su alineación con los nuevos criterios. Las empresas privadas también pueden aprovechar estas orientaciones para reforzar la independencia de sus sistemas de información y la protección de las personas informantes
