Un fallo en el compliance del PSOE podría suponer su imputación como persona jurídica
El PSOE no se encuentra bajo investigación, pero los indicios aflorados por la Guardia Civil amenazan con colocar al partido ante un escenario legal complejo. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto de relieve que entre los socialistas José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García se habrían gestionado más de un millón de euros en mordidas a cambio de contratos públicos hasta el año 2023, siendo los dos primeros secretarios de Organización y el último militante, y parte de ese dinero podría haber ido a parar, presuntamente, a Ferraz, según recoge el informe de la UCO.
El artículo 9 bis de la Ley de Partidos del año 2015 introdujo la obligación de contar con un plan para la prevención de delitos internos. El PSOE materializó la creación de una oficina de cumplimiento normativo en mayo de 2018 a instancias de la Ejecutiva federal liderada por Pedro Sánchez, siendo secretario de Organización del partido, el propio José Luis Ábalos, que impulsó el proyecto.
Así las cosas, el Supremo tendrá que decidir, conforme avance la investigación, la situación del Partido Socialista como persona jurídica frente a la de los implicados en la presunta trama de influencias, entre otros posibles delitos.
En caso de comprobarse que el partido se benefició realmente de estas prácticas, como persona jurídica podría enfrentarse a tres posibles desenlaces, de menor a mayor gravedad. El primero es el de «partícipe a título lucrativo» de la trama delictiva, en caso de que el tribunal concluya que el partido, como entidad, no era conocedor de la comisión de los delitos. El siguiente escenario, con consecuencias más graves, es el de la condena por responsabilidad civil subsidiaria. El último escenario, el más grave, es el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bajo ese escenario, el partido se enfrentaría a un abanico de sanciones, desde multas hasta incluso el fin de su actividad.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/
